Defensor del Pueblo
Zurbano, 42 - 28010 Madrid
16 de mayo de 2007
Excelentísimo Señor,
El Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) es un partido financiado con dinero público por estar presente en el Parlamento Vasco desde que en las elecciones de 2005 obtuvo nueve escaños.
La desarticulación del comando Donosti de ETA por la Guardia Civil el pasado abril nos ha permitido saber que el PCTV mantiene en nómina a terroristas de ETA. Así lo confesó Sergio Lezcano, uno de los detenidos, quien dijo cobrar 2450 euros al mes de dicho partido. La documentación incautada confirma esta declaración, como también otras informaciones publicadas en prensa con posterioridad (*).
El Gobierno y el Fiscal, sin embargo, no han hecho nada por su ilegalización. Dado que la Ley de Partidos les reserva sólo a ellos la capacidad de instar a la ilegalización del PCTV, como ciudadana no encuentro otro camino que pedirle a su Excelencia, como Defensor del Pueblo, que exija al Gobierno y a la Fiscalía el cumplimiento del espíritu y la letra de la Ley de Partidos. Me parece inadmisible que los ciudadanos nos veamos condenados a financiar con nuestros impuestos las actividades de una banda terrorista como consecuencia de la inacción de quienes más obligados están a cumplir la ley.
Por otra parte, no puedo dejar de resaltar algo que me parece elocuente: el PCTV, que obtuvo representación parlamentaria en 2005, no presenta, sin embargo, candidaturas a las municipales que se celebrarán el día 27. Los dirigentes de la ilegalizada Batasuna han solicitado el voto para Acción Nacionalista Vasca (ANV), formación que el Gobierno y el Fiscal, nuevamente, han tolerado que se presente parcialmente a las próximas elecciones. Los argumentos para no impugnar todas sus listas o proceder a su ilegalización son los mismos que los esgrimidos en 2005 con ocasión de la presentación del PCTV a las autonómicas: garantías, ciudadanos sin representación, ilegalización preventiva... En aquel momento Gobierno y Fiscal aseguraron que velarían por el cumplimiento de la ley. Hoy, sin embargo, nada hacen contra el PCTV aún cuando sabemos que financia a ETA. El discurso garantista con ANV no es ya, desgraciadamente, creíble. Muy al contrario, todo parece apuntar a que Gobierno y Fiscalía no tienen voluntad de aplicar con rigor la Ley de Partidos, ni con el PCTV ni con ANV.
En este contexto, adquiere enorme relevancia la sentencia del Tribunal Supremo con fecha 5 de mayo de 2007 en la que puede leerse una reconvención a Gobierno y Fiscalía por no haber empleado los mecanismos adecuados contemplados por la Ley para impedir que ETA refuerce su presencia en las instituciones con su acceso a los ayuntamientos a través de ANV. (**)
Considero que entre mis derechos como ciudadana está que el dinero de mis impuestos no contribuya a financiar actividades ilegales. Por eso le ruego, de nuevo, que lleve a cabo las acciones pertinentes para restituirlo.
Le agradezco de antemano la atención prestada y le saludo muy atentamente,
Carmen de T.
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(*) El Mundo, 5-mayo-2007:
"30 miembros de Batasuna y dos etarras están en nómina en el PCTV
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Entre los contratados por el Grupo Parlamentario de Tierras Vascas -la mayor parte de ellos en la categoría de «subalternos»-, hay al menos ocho miembros de la actual Mesa Nacional de Batasuna, varios dirigentes de esta formación en el pasado, José Angel Amaro López, detenido por su presunta pertenencia a los grupos Y, y Jorge Murillo Echeverria, en prisión desde que, el sábado de la semana pasada, el juez Baltasar Garzón le atribuyera un delito de pertenencia a banda armada.
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De la actual Mesa Nacional de Batasuna constan, entre otros, Juan José Petrikorena, jefe de prensa de la formación, Amaia Armendariz, Jean Claude Agarre y Juan Cruz Aldasoro. También están registrados en la Seguridad Social a cuenta de Tierras Vascas, Sonia Jacinto, relacionada por las Fuerzas de Seguridad con la ilegal Haika, próxima a Otegi y una de las impulsoras de Ezkerra Abertzale, uno de los intentos fallidos de Batasuna por homologarse fraudulentamente, y en representación de Navarra, Txema Jurado y José Martín San Juan.
No consta en la relación de los cotizantes el pago realizado a Sergio Lezcano, un miembro del comando Donosti, detenido hace un mes en la operación en la que la Guardia Civil desarticuló este grupo terrorista. Pero los documentos que le fueron incautados y sus propias declaraciones demuestran que ha estado cobrando de este partido. Lezcano fue miembro de un comando de información de ETA, pero un dirigente de Batasuna al que identificó como Mañel Serra y Jon Gurutz Aranzabal, encargado de comunicarle al terrorista las órdenes de la dirección de ETA, decidieron, tras un par de encuentros, que pasara a realizar funciones de responsable de propaganda de Batasuna y de cualquier otra plataforma o partido del entorno que lo necesitase.
Efectivamente, al ser arrestado fueron hallados en su poder los reclamos electorales que le delataban como organizador de los actos públicos de Batasuna, ASB y Tierras Vascas. Y aseguró estar recibiendo 1.060 euros mensuales por su trabajo en Batasuna y 2.450 euros por su función en el PCTV, que le eran abonados a través de una cuenta de La Caixa. Las diligencias policiales recogen cómo «de ahí saca 1.060 euros en concepto de sueldo, permaneciendo el resto en la citada cuenta en concepto de gastos como Seguridad Social o peajes».
El ejemplo de Lezcano lleva a deducir a los investigadores que son más de los detectados inicialmente los miembros de organizaciones ilegales de la izquierda aberztale que cobran de Tierras Vascas, previo acuerdo con ETA o con Batasuna."
http://www.elmundo.es/papel/2007/05/05/espana/2118542.html
(**) Los párrafos de la sentencia del Tribunal Supremo dicen así (pp. 36 y 37-38, respectivamente):
"...el cauce que el ordenamiento jurídico ofrece para salvaguardar la eficacia de la sentencia y precaverse de la posible concurrencia electoral que se tacha, en el recurso, de fraudulenta, es el de la solicitud de ilegalización del nuevo partido -o del que, sin ser de nueva creación, sea aprovechado con el mismo designio elusivo- que sirve de instrumento defraudatorio y el consiguiente incidente de ejecución de sentencia que se contempla en el artículo 12 de la LOPP para que, sobre la base de tal improcedencia, puedan establecerse las consecuencias de todo orden que son inherentes a ella"
"... el cauce impugnatorio escogido no es, propiamente, el marco adecuado para que la Sala ejerza la competencia que la LOPP le asigna en relación con los partidos políticos. Y, no lo es, porque no cabe forzar la interpretación de la normativa vigente (LOPP y LOREG) hasta poner en palabras del legislador lo que éste no ha dicho, llevando la competencia de la Sala a un supuesto diferente de aquellos que el legislador ha previsto.
En efecto, esta Sala es competente para apreciar, en su caso, la continuidad o sucesión de un partido ilegalizado y disuelto por otro partido aparentemente legal, cuya inscripción en el Registro de Partidos no haya sido hasta entonces cuestionada, pero esta impugnación, venga o no referida a la presentación de candidaturas y, por ende, en coincidencia temporal con un proceso electoral en curso, sólo se puede articular a través del medio procesal elegido y definido por el legislador, que es, conforme a lo antes expuesto y por lo que a este caso concreto se refiere, el del proceso de ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna."
Sentencia accesible en:
http://195.55.151.26/acceso/TSsala61_2.pdf
